Posted Oct 16, 2009, 3:03 AM
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Aprueban la venta de Catalinas Norte
En segunda lectura, los legisladores de la Ciudad aprobaron la venta de los tres inmuebles de la zona de Retiro conocidos como Catalinas Norte. El ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, estuvo presente en el debate legislativo.
Por María José Pérez Insúa
Avanzada la Sesión Ordinaria de este jueves, los legisladores porteños aprobaron con 41 votos afirmativos y 13 negativos, en segunda lectura, el proyecto de ley por el cual se desafectan del dominio público tres inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para proceder a su venta en subasta pública. Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico, estuvo presente durante el debate legislativo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña, Diputado Álvaro González, ofició de miembro informante del proyecto y expresó que "es fundamental que los porteños sepan que esta ley modifica la capacidad constructiva de esas tres parcelas, otorgándoles la posibilidad de que se desarrollen en altura y concediéndoles un destino para diversos usos. Esto le añade a estos lotes un valor agregado que quedará en manos de la Ciudad y no de dueños particulares como sucedió en otras épocas. Es la primera vez que un Gobierno porteño procederá a rezonificar un predio para otorgarle un valor mayor, con el fin de ofertarlo en subasta pública".
Además, González ratificó que "la ley dispone que el monto obtenido por la subasta pública de estos inmuebles será destinado en su totalidad a fortalecer el presupuesto del Ministerio de Educación". Y agregó que "con esta nueva norma será posible adquirir escuelas que hoy no se pueden comprar, cubrir necesidades edilicias insatisfechas y a su vez revertir el oneroso gasto que el gobierno porteño debe realizar en concepto de alquileres de edificios destinados a la educación".
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Silvina Pedreira, manifestó que "reconocemos la necesidad de la Ciudad de poner en valor estos inmuebles para ser reinvertidos en obra pública, pero también hemos tenido en cuenta las manifestaciones realizadas en la Audiencia Pública en relación a las alturas de los edificios proyectados".
Y aclaró: "Desde la Comisión de Planeamiento Urbano, hemos propuesto una modificación al despacho para reducir las alturas máximas consignadas en el artículo 8 para la parcela LM01 a 130 metros y para las parcelas LM10 y LM13 a 100 metros (se le bajó 20 metros a la primera y 10 metros a las restantes".
“Trabajamos para que ingresen en la Ciudad la mayor cantidad de recursos económicos para llevar adelante políticas de educación con las que este gobierno está en deuda", concluyó la presidenta del Bloque Peronista.
En tanto, el titular del Bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, señaló que “el estudio de impacto ambiental es insuficiente y no se ha tenido en cuenta el tránsito ni el tranporte público, por ejemplo, y además siguen sumando altura a los inmuebles que van a construírse, cuando el proyecto original de la zona no contemplaba una torre más. Las modificaciones propuestas por el macrismo son sólo pequeños cambios, por lo que mantenemos nuestros argumentos y nuestro voto negativo a este proyecto”.
“Y lo más importante -enfatizó el legislador- nosotros sostenemos que se debe cambiar inmueble por inmueble para no descapitalizar a la Ciudad. Sin embargo, el macrismo insiste en su despacho en que puede ser también inmueble por construcción. No nos parece que siquiera un centavo de la venta de este terreno tengan que ir a obras que deberían contar con financiamiento sacado del presupuesto corriente".
Ante las críticas, en otro tramo del debate, el presidente del bloque PRO, Oscar Moscariello, expresó: “Lo que buscamos es utilizar eficientemente los recursos con los que cuenta el Estado y para esto elegimos hoy un mecanismo de venta transparente, como es la subasta pública, ampliando el universo de participación. Creemos que este es un procedimiento de licitación transparente y justo, que contribuye a una verdadera competencia, y que los Gobiernos y los organismos públicos tenemos el deber político de proceder de este modo”.
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